La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha enviado una carta abierta a todos los Estados ante la inminencia de la crucial cumbre sobre Cambio Climático que se celebrará en diciembre en la ciudad polaca de Katowice, conocida bajo el acrónimo de COP24.
En la carta, Bachelet asegura que “los derechos humanos están bajo amenaza por una fuerza que desafía los fundamentos de la vida, tal y como la conocemos, en este planeta que compartimos”.
Además, resalta que el cambio climático no es algo del futuro, sino que “ya está afectando las vidas de las personas, el disfrute efectivo de los derechos y los ecosistemas en los que confiamos”.
Bachelet explica que “los derechos de millones de personas están amenazados por el cambio climático” y recuerda que las decisiones que se tomen en la reunión dictarán nuestro futuro indefinidamente.
La suma de los compromisos de los Estados hasta este momento pone al planeta en la senda de una subida de las temperaturas de alrededor de tres grados, más del doble de lo que la comunidad internacional acordó alcanzar hace tres años en París.
“Las consecuencias de este grado de cambio climático es impensable”, señala la Alta Comisionada. “Naciones enteras, ecosistemas, pueblos y formas de vida pueden simplemente dejar de existir”.
“Un sinfín de vidas se verán perjudicadas irreparablemente, empezando por aquellas que ya afrontan la discriminación debido a su género, su estatus económico, su pertenencia a comunidades indígenas u otras minorías, o a que son emigrantes, desplazados internos, o por razones de edad o porque tienen alguna discapacidad”.
Por todos estos motivos, insta a los Estados que acudan a la reunión a trabajar juntos para “tomar medidas contra el cambio climático efectivas, ambiciosas, urgentes y basadas en los derechos humanos”.
En la carta, recuerda a los países sus obligaciones bajo las leyes internacionales, que incluyen la de “garantizar que aquellos afectados por el cambio climático, especialmente los que están en situaciones vulnerables, tienen acceso a remedios efectivos y a los medios necesarios de adaptación para disfrutar la vida de forma digna”.
Los Estados también tienen el deber de “trabajar individual y colectivamente para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, movilizar los recursos adecuados para mitigar el cambio climático y adaptarse a él y para asegurar la participación de todas las personas en las acciones que se tomen sobre el clima”.