El médico Kenneth Rivera-Kolb, de 65 años, se declaró culpable de dispensar y distribuir ilegalmente sustancias controladas. El galeno, quien estaba al frente de una clínica para desintoxicarse de las drogas repartía ilegalmente opioides, barbitúricos y benzodiacepinas, según la Oficina del Fiscal del Sur de la Florida.
En 2013, Rivera-Kolb fue contratado para servir como Director Médico en Angel´s House LLC, un centro para adictos en Wellington, Florida, que ha sido considerado una de las mayores estafas a los seguros médicos del país. Los propietarios, una mujer llamada Tovah Lynn Jasperson y su padre, Alan Martin Bostom, fueron condenados a prisión recientemente por fraude y lavado de dinero. Ambos deben devolver cerca de $4 millones que se embolsaron en operaciones fraudulentas.
Kenneth Rivera-Kolb era el encargado de evaluar a los pacientes y prescribir el tratamiento que necesitaban. La fiscalía argumentó que en varias ocasiones firmaba por anticipado recetas de narcóticos poderosos a los pacientes. Al médico le fue suspendida la licencia en el 2013 por cuatro años, pero aun así los dueños de Angel´s House LLC lo mantuvieron dirigiendo el centro.
La Fiscalía demostró que durante ese período de tiempo Rivera-Kolb se mantuvo expidiendo recetas de opioides, barbitúricos y benzodiacepinas, lo que constituye un delito grave. “Jasperson y Bostom estaban al tanto de la suspensión de la licencia de Rivera-Kolb, habiendo contratado a choferes para que lo llevaran a audiencias ante la Junta de Medicina del Estado de Florida”, explicó la Oficina del Fiscal en un comunicado, reproducido por medios de prensa.
Además de las instalaciones para tratamiento, Angel´s House LLC también tenía una red de hogares donde proporcionaban residencias seguras y libres de drogas a personas adictas. Según la Fiscalía, los dueños de la compañía se valían de propietarios inescrupulosos y pactaban con ellos para que refirieran a falsos drogadictos y alcohólicos para cobrarle al seguro.
Rivera-Kolb enfrenta una pena máxima de 20 años de cárcel. La sentencia está programada para el 8 de enero del próximo año.